Implementó Dirección de Seguridad de Aldama 33 cámaras para patrullas y policías

El Director de Seguridad Pública del municipio de Aldama, Sergio Orozco Macías, informó para DH NOTICIAS que desde principios del mes de julio, implementaron el uso de 8 cámaras de video para las unidades de uso diario y 25 cámaras de solapa para los agentes policiacos.

Estos equipos XMR V100 que incluyen modo nocturno y control remoto; capturan imagen, video y audio en alta resolución. También se dio a conocer que esta inversión se logró a través del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), anteriormente conocido Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), el cual se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados. Este programa permitió según declaraciones de su titular, el equipamiento de uniformes, patrullas, cuatrimotos, capacitación y armamento.

Con las cámaras, los elementos de seguridad podrán grabar vídeos y fotografías de accidentes automovilísticos, riñas, detenciones o cualquier otra situación que se les presente, con la intención de documentar y tener evidencia sobre los casos que atienden y/o sobre su actuar en caso de ser necesario, una herramienta necesaria tanto para los agentes como para la ciudadanía.

Alfonso García Rubio, delegado de Vialidad de la Dirección de Seguridad Pública, expresó que se siente más seguro, ya que cuenta con una prueba contundente en caso de una acusación de alguna violación a Derechos Humanos falsa, o algún evento en el que lo puedan comprometer. Además externó que esta herramienta los respalda a ellos y respalda también a los ciudadanos.

Hasta el momento es el primer municipio que ha implementado esta medida de documentación audio-visual, según lo expuso Orozco Macías.

Por su parte el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendáriz González, reconoció el acierto del Ayuntamiento de Aldama al equipar a los elementos de policía con estas cámaras pues inhiben las acusaciones falsas y obligan a los agentes a realizar su trabajo apegados a la ley, lo que equivale a reforzar las buenas prácticas y evitar las violaciones a Derechos Humanos tanto de los servidores públicos como de la ciudadanía.